Quito (RRC): Un Tribunal de Garantías Penales sentenció este jueves a cinco años de prisión a Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta de Ecuador Verónica Abad, por el delito de oferta de tráfico de influencias. La decisión se tomó por unanimidad en el marco del conocido como caso Nene, según informó la Fiscalía General del Estado.
El fallo incluye, además de la pena privativa de libertad, una multa equivalente a 12 Salarios Básicos Unificados (aproximadamente 5.784 dólares), la inhabilitación para contratar con el Estado durante el tiempo de la condena, la pérdida de derechos de participación política por 10 años y, en algunos reportes, la obligación de ofrecer disculpas públicas.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Barreiro —abogado de profesión— operó una red de tráfico de influencias en la Vicepresidencia durante el período en que su madre, Verónica Abad, ejercía funciones en el Palacio de Carondelet (2023-2025). El caso surgió de una denuncia por oferta de un cargo público a cambio de un porcentaje del sueldo del contratado, bajo un esquema de «retornos» o «diezmos».
Los hechos investigados ocurrieron específicamente el 8 de diciembre de 2023, cuando Barreiro habría ofrecido en una reunión en un hotel de Quito un puesto con sueldo aproximado de USD 3.200 mensuales, exigiendo USD 1.700 mensuales como retorno y la firma de una letra de cambio por USD 30.600 (equivalente a un año de pagos). La persona afectada ingresó al cargo y realizó depósitos durante dos meses, según consta en el expediente.
Barreiro fue detenido en marzo de 2024 y permaneció en prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil hasta mayo de 2024, cuando salió tras pagar una fianza de USD 20.000.
El caso cobró relevancia pública en medio del intenso enfrentamiento político entre Verónica Abad y el presidente Daniel Noboa, con quien compartió fórmula en las elecciones de 2023 y quien fue reelecto en 2025. El segundo implicado en el caso se encuentra prófugo, por lo que su juicio está suspendido.
La sentencia marca un hito en la lucha anticorrupción en Ecuador y pone el foco nuevamente en las prácticas irregulares en instituciones públicas. La defensa del sentenciado podría apelar el fallo en los próximos días.
